CIADI obliga al país a pagar USD 732 millones por la pesificación asimétrica de 2002
La empresa estadounidense AES presentó una demanda en una corte de Washington con el objetivo de ejecutar una sentencia del CIADI que obliga a la Argentina a pagar USD 732 millones.
El reclamo está vinculado a la pesificación de los contratos de la represa hidroeléctrica de Alicurá, y la medida judicial representa un nuevo frente internacional para el Gobierno de Javier Milei.
AES exige el cumplimiento de un fallo del CIADI por la pesificación de contratos
El pedido judicial fue revelado por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. La demanda busca que la Corte estadounidense reconozca el fallo emitido en mayo por el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI), tribunal que depende del Banco Mundial.
AES había reclamado originalmente USD 1.814 millones, cifra que con intereses podría haber escalado a USD 2.500 millones. Finalmente, el tribunal fijó la indemnización en USD 732 millones.
Un conflicto originado en la salida de la convertibilidad
La causa se remonta a la decisión del Estado argentino de modificar unilateralmente las condiciones contractuales de concesión de la represa Alicurá, ubicada sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro.
Esta modificación, posterior al fin de la convertibilidad en 2001, implicó la pesificación de los ingresos que originalmente estaban establecidos en dólares, lo que generó pérdidas para los concesionarios.
AES formalizó el reclamo ante el CIADI el 19 de diciembre de 2002, tras considerar agotadas las instancias judiciales locales. Lo hizo en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y Estados Unidos, firmado en 1991, que habilita la intervención del CIADI en disputas de este tipo.
Qué puede pasar ahora con el fallo en la justicia estadounidense
Según explicó Maril, si la Corte de Washington acepta el reconocimiento del laudo arbitral, la Argentina probablemente apele. “Va a utilizar la misma estrategia de siempre”, anticipó el analista. Además, señaló que pueden pasar años hasta que se concrete la ejecución, ya que será necesario identificar activos en territorio estadounidense, solicitar su embargo y obtener la aprobación judicial correspondiente.
“El proceso está diseñado para forzar una negociación”, sostuvo Maril. En ese sentido, Maril no descartó que el gobierno de Milei utilice la privatización de empresas energéticas o incluso la propia concesión de Alicurá como parte de pago.
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